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Humanitarismo impuesto a cañonazos

María Antonia Sánchez- Vallejo
El País

Domingo 19 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
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Humanitarismo impuesto a cañonazos

Trípoli, bajo las bombas de la OTAN: la ofensiva contra el régimen de Khadafy reabre la discusión sobre las intervenciones humanitarias. Foto EFE

Las guerras entre militares profesionales prácticamente han dejado de existir. Los combates ya no se libran sólo en el campo de batalla, también en las casas, las escuelas o los campos de cultivo. Conflictos asimétricos, entre un ejército regular y un grupo insurgente o terrorista; contiendas entre milicias armadas por líderes tribales o señores de la guerra multiplican hasta el infinito el número de víctimas civiles, en una proporción sangrante: frente al 5 por ciento de población civil muerta en la Gran Guerra, las víctimas civiles en cualquier conflicto se sitúan hoy en torno al 80 por ciento del total de bajas. Solo en el de Irak hubo 60.000 víctimas civiles, es decir, 31 iraquíes muertos por día, según los papeles de Irak filtrados por WikiLeaks. Impedir que esa y otras sangrías mayores, como el genocidio, se repitan es uno de los propósitos de las denominadas intervenciones -a veces llamadas guerras- humanitarias.

Pero, ¿puede una guerra ser humanitaria, o es una contradicción en los términos? ¿Pueden las fuerzas armadas, además de disparar misiles, ser agentes humanitarios, o se trata de mero posibilismo? La intervención aliada en Libia para proteger a la población civil, de la mano de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, ha vuelto a suscitar la pertinencia de la más neutra -y ampliamente legitimada- de las guerras del siglo XXI.

Este debate hunde sus raíces en el oprobio que para la comunidad internacional supuso la inacción en las matanzas de Ruanda (1994) y Bosnia (genocidio de Srebrenica, en 1995, y cerco de Sarajevo), dos ejemplos de limpieza étnica que sirvieron de aldabonazo a la conciencia del mundo.

Los expertos consultados son en general críticos con la denominación “humanitaria” por cuestiones semánticas. “Habría que distinguir entre una intervención humanitaria, con presencia de ONG especializadas y organismos internacionales (Unicef, FAO, Programa Mundial de Alimentos) y un apoyo logístico militar, de carácter puntual pero cuyo peso recae en el componente civil, y la guerra humanitaria, una guerra derivada de una catástrofe humanitaria, que sería una respuesta militar a una situación de desastre humanitario”, distingue Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. “La intervención humanitaria siempre está justificada; la guerra humanitaria, en cambio, obedece a un cálculo puramente militar sobre las capacidades de revertir una situación igualmente militar, y eso no siempre está justificado”.

Y Libia, ¿en qué caso se encuadra? “Desde mi punto de vista -dice Fisas- había que actuar con rapidez y de forma militar ante la posible toma de Bengasi, y después de que Khadafy no optara por medios diplomáticos para arreglar la crisis”. El almirante de la marina francesa Pierre-François Forissier, el pasado 3 de junio, decía sobre la perspectiva de una ayuda humanitaria militarizada: “Cuando alcancemos nuestros objetivos militares, necesitaremos asistencia humanitaria. Se usarán medios militares en una primera fase porque es la forma más rápida y fácil de proporcionarla”. Una tercera opinión, la de Jesús A. Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah): “La intervención aliada en Libia se está convirtiendo en el apoyo aéreo a uno de los bandos”, el de los rebeldes.

“Es una prostitución de los términos. Cuando un concepto genera simpatía en la opinión pública, se utiliza para todo: hoy no hay nada que no sea humanitario. Pero no podemos hablar de humanidad cuando lo que en realidad se está planteando es justicia o no justicia, legalidad o ilegalidad”, sostiene Núñez Villaverde.

“En el caso de Libia, la resolución 1973 de la ONU parecía al fin un paso en la dirección correcta, porque hace referencia a la ?responsabilidad de proteger’ que formuló la ONU en 2005 (El Estado es el primer responsable de sus ciudadanos, y si no, es la comunidad internacional quien debe protegerlos), pero la resolución se está prostituyendo, porque esa intervención se está convirtiendo en el apoyo aéreo de una de las fuerzas combatientes”. Para este experto, todos los pasos que se están dando en Libia desde el 19 de marzo violan la legalidad internacional: “Armar a los rebeldes, la presencia de unidades terrestres especiales [de EE.UU. y Gran Bretaña]… todo esto viola la ley”.

La acción militar, para el responsable del Iecah, debe limitarse a “crear un entorno de seguridad para que los agentes humanitarios puedan, en catástrofes naturales o en conflictos violentos, hacer su trabajo, es decir, aportar ayuda humanitaria”.

Doble raseroEl problema de confundir los términos -o las funciones- implica, para Núñez, “despilfarrar el capital político acumulado tras la adopción de la ?responsabilidad de proteger’, en septiembre de 2005. Desde [el Tratado de] Westfalia regía el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país, pero las tragedias de los Grandes Lagos y los Balcanes rompieron esa convención. Pero en las relaciones internacionales, que se mueven por el cortoplacismo, sigue imperando el doble rasero. ¿Dónde está la responsabilidad de proteger en el caso de Siria?”.

“Un Ejército nunca puede ser un actor humanitario. No es bueno que un soldado reparta botellas de agua”, sostiene con firmeza Núñez Villaverde, que plantea el hecho de que el ejército, “con un presupuesto de 18.000 millones de euros al año”, sea la institución más valorada por los españoles. “El debate sobre defensa y seguridad sigue pendiente en España, pero en vez de eso se refuerza la idea de revestir de humanitario lo militar, eso explica muchas cosas en clave nacional. Y no es el único país donde sucede: desde la época de [el primer ministro Tony] Blair, en Gran Bretaña la cooperación es un elemento más de la política exterior y de seguridad. En el caso de Estados Unidos, Usaid, la agencia estadounidense de cooperación, es, desde el 11-S, un componente más del departamento de Defensa”.

Para Joana Abrisketa, profesora de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, el requisito legal para justificar una intervención militar es que exista, previamente, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato determinado. “Salvo que la acción militar sea en legítima defensa, una resolución del Consejo de Seguridad es el fundamento para legitimarla”. Como Villaverde, Abrisketa cree que en la década de los 90 se abusó de la etiqueta humanitaria, “que garantiza poco en términos jurídicos”. En 2000, la llamada “responsabilidad de proteger” se incorporó a este debate, quizás porque la “intervención humanitaria” había quedado desprestigiada. “Me pregunto cómo se materializa la expresión ?responsabilidad de proteger’, formalmente impecable y que quiere transmitir la idea de imparcialidad, a través del Consejo de Seguridad, un órgano político difícilmente imparcial”, recuerda Abrisketa.

Históricamente, y aunque desde el siglo XIX se han invocado razones humanitarias en algunas intervenciones (por ejemplo, la de Francia y Grecia en Siria en 1860, en apoyo de los cristianos maronitas), las raíces de este tipo de intervención hay que buscarlas en el nuevo orden internacional que siguió a la Guerra Fría. “El Consejo de Seguridad se reactiva al desaparecer los dos bloques, porque durante la Guerra Fría un bloque neutralizaba al otro. Yugoslavia, Somalia y Ruanda son los tres casos emblemáticos. Pero el papel del Consejo de Seguridad se va diluyendo porque ninguna de ellas es exitosa, por falta de recursos o error de tácticas, por ejemplo una operación aérea y no terrestre… Por eso se deslegitima”.

En el debate sobre las intervenciones humanitarias planea también un concepto, forjado a finales de los 80 por el francés Bernard Kouchner, médico, político y fundador de la ONG Médicos sin Fronteras, y el jurista Mario Bettati: el deber de injerencia. Bettati dio cuerpo jurídico a la idea. En palabras del ensayista David Rieff, claramente intervencionista, “la diplomacia, sin la habilidad de desplegar una fuerza militar, no sirve para nada”. Porque la diplomacia es muchas veces un factor subordinado.

Sobre los intereses no confesados, pero a veces clamorosos, que acompañan este tipo de intervenciones -asegurar el suministro de petróleo, por ejemplo-, o el aparente resabio colonialista de algunas de ellas, Fisas opina: “Desde hace muchos años se ha venido denunciando el carácter neocolonista de muchas intervenciones, sobre todo de ex metrópolis que intentan recuperar o asegurar sus espacios de influencia política y económica a través de lo humanitario. Es un riesgo real”.

Si sobre las relaciones internacionales planean en todo momento intereses geopolíticos y geoeconómicos, para Oladiran W. Bello, del think tank Fride, este tipo de intervenciones militares han ayudado a repintar el mapa del mundo tras la Guerra Fría. “En el pasado, habría resultado muy difícil que Rusia y China no hubieran vetado la resolución 1973. Esta vez no la han apoyado, pero tampoco la han vetado, y eso indica, motivaciones humanitarias al margen, que lo hacen también por motivos políticos, porque nadie quiere quedarse fuera de la ola de cambio en el mundo árabe. Brasil es otro ejemplo: también se opone a ella; los tres países son contrarios a la intervención militar, pero no han hecho mucho por evitarla”.

“Ahora existe más presión de la opinión pública de que hay un riesgo cierto de genocidio, como el que existía en Bengasi cuando el Consejo adoptó la resolución 1973. En el pasado, al menos hasta las tragedias de Grandes Lagos y Bosnia, no existía ese clamor. Así que lo que mueve a decidir una intervención de este tipo es la consideración de motivos humanitarios, sí, pero también las probabilidades de tener éxito. Algo que no puede aplicarse hoy por hoy al caso de Siria”, apunta Bello.

Libia versus Siria

En lo que a intervenciones se refiere, esa dicotomía, que revela la tensión de la cuerda en la relación de fuerzas mundial, no sólo sirve para circunscribir el debate, también para situarlo en el centro de un círculo viciado: el del doble rasero. “Siria es un país excepcional en el cálculo de probabilidades de una hipotética solución al conflicto de Medio Oriente. Muchos analistas temen que el recambio de Bashar al-Assad al frente del país no sea un régimen tan previsible como el actual; si hay cambios en Siria, se van a extender al resto de países vecinos”, opina Bello.

“Libia es una reválida para la aplicación del principio de ?responsabilidad de proteger’ -asegura Bello-, pero lo que no sé es qué va a suceder a mediano y largo plazo: prevenir el genocidio es algo relativamente fácil, no así la solución del problema real de esta guerra: el fin del régimen”.

© El Pais, SL

MANDATOS PARA EVITAR LOS GENOCIDIOSResolución 1296 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2000). “La deliberada selección de poblaciones civiles como objetivo y la comisión de violaciones sistemáticas y flagrantes del derecho internacional humanitario pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Responsabilidad de proteger. Las matanzas de Ruanda (1994) y Bosnia (1995) suscitaron un vivo debate sobre la suerte de la población civil en conflictos armados. Por iniciativa de Canadá, que creó en 2000 la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, la Cumbre Mundial de Naciones Unidas dio en 2005 cuerpo jurídico a la doctrina “responsabilidad de proteger” (RtoP o R2P, por sus siglas en inglés), sobre la protección de grupos amenazados de genocidio o violaciones de sus derechos humanos. En 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU recogió la idea en la resolución 1674.

Fundamentos de la RtoP. Riesgo evidente de genocidio o crímenes de guerra; que el gobierno del país no demuestre capacidad a la hora de evitarlos; la probabilidad de tener éxito para prevenirlos, y la articulación de una acción colectiva de la comunidad internacional de la mano de la ONU.

Otras resoluciones. El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado con posterioridad otras resoluciones que recogen el principio de la responsabilidad de proteger. Son la 1674 (2006), sobre protección de civiles en conflictos armados; la 1706 (2006), sobre la crisis de Darfur; la 1820 (2008), sobre mujeres, paz y seguridad, y las resoluciones 1888, 1889 y 1894 (las tres adoptadas en 2009), sobre protección de civiles en conflictos armados.

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